Una vez más se exponen los cercanos vínculos entre los dueños de las universidades y los partidos políticos a menos de tres semanas para las elecciones municipales y regionales del 05 de octubre. Tanto Luis Castañeda de Solidaridad Nacional (SN) como César Acuña de Alianza para el Progreso (APP) están haciendo campaña con los recursos de las universidades-empresa Telesup y César Vallejo.

El candidato a la alcaldía de Lima por Solidaridad Nacional, Luis Castañeda Lossio, recorrió ayer las calles de San Juan de Lurigancho a bordo de una camioneta con la placa LGW-601 que le pertenece a la Universidad Telesup según SUNARP, revelado por Diario16. El congresista José Luna Gálvez es el dueño de este centro de estudios, además es el secretario general y el principal financista de su partido.

La camioneta con placa LGW-601 que usa Castañeda en campaña pertenece a la universidad Telesup, según SUNARP




En el departamento de La Libertad, el actual alcalde de Trujillo César Acuña Peralta se lanzó a la presidencia del Gobierno Regional con su partido Alianza para el Progreso. El dueño de la Universidad César Vallejo también emplea las propiedades de esta universidad para realizar proselitismo político. Al respecto, El Comercio publicó que el vehículo con placa F9P-757, patrimonio de la universidad, era utilizado para hacer propaganda a favor de Acuña. Y la sede de la Dirección de Extensión y Proyección Universitaria de la UCV se volvió en  su local de campaña.


La movilidad de Acuña con propaganda electoral, con placa F9P-757 es de la Universidad César Vallejo, según SUNARP

Con estas acciones, los dueños de las universidades Telesup y César Vallejo están manipulando los bienes de las casas de estudio para fines ajenos a la educación al servicio de sus partidos políticos. El dinero de los jóvenes estudiantes que apuestan por estos centros superiores termina financiando a las campañas de Solidaridad Nacional y Alianza para el Progreso.

Sin olvidar que la Ley de Orgánica de Elecciones en su artículo 184 indica que los centros educativos como las universidades “no pueden ser utilizados para la realización de conferencias, asambleas, reuniones o actos políticos de propaganda electoral de ninguna especie en favor o en contra de cualquier partido, candidato o tema por consultar, o para la instalación de juntas directivas o el funcionamiento de cualquier comité de tendencia política”.

Cabe mencionar que durante el debate de la nueva Ley Universitaria en el Congreso los parlamentarios de Solidaridad Nacional y Alianza para el Progreso que estaban relacionados con las universidades mencionadas anteriormente, que lucran con la educación, se opusieron a su aprobación y presentaron una demanda ante el Tribunal Constitucional.
 
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