[Foto: Minam]

La promulgación del llamado “paquetazo ambiental” que fue cuestionado por la misma Organización de las Naciones Unidas, la muerte de cuatros ashaninkas defendiendo sus tierras a manos de madereros informales, junto a los 136 casos de  conflictos socioambientales que siguen latentes en el país ponen en jaque al Ministerio del Ambiente.

Para el periodista ambiental Ramiro Escobar lo que hemos visto las últimas semanas, en torno a los correos electrónicos del Presidente del Consejo de Ministros (PCM) René Cornejo y las declaraciones del ministro Mayorga -quien manifestó que trámites como los del Estudio de Impacto Ambiental (EIA ) son un problema porque demoran las inversiones- “es la evidencia menos glamorosa de que el Estado está demasiado influido por el sector privado”.

Aunque Escobar rescata las normativas ambientales que se han ido promulgando a los largo de estos años, y no duda en señalar que la institucionalidad ambiental ha aumentado, critica severamente  que cierto sector privado “influya demasiado en el aparato del Estado, imponiendo  así una lógica, un discurso, una práctica económica” . Discurso que a su parecer sitúa a quienes no aceptan una práctica económica como  “locos o  subversivos”. 

Esta opinión difiere de la  del Comisionado de la Oficina de Diálogo de la PCM,  Vladimiro Huaroc, quien en una entrevista al diario Gestión manifestó que  “los inversionistas vemos ahora un matiz distinto en el manejo de los conflictos sociales, antes se notaba la ausencia del Estado, ahora no, la ONDS visita las comunidades, habla con la gente, nos ayuda a conseguir acuerdos”, Por lo que existiría una reducción significativa de conflictos sociales. 

Entre denuncias y leyes

Tal como nos señala el exviceministro de Interculturalidad, Iván lanegra, “a pesar de que se han implementado algunas normas los problemas más visibles que ha atendido la Defensoría del Pueblo han estado vinculados a actividades extractivas”, actividades que según refiere “han afectado a pobladores de las zonas rurales, tanto de la zona andina como los de la  amazonia y los pueblos indígenas”. 

Actualmente de los 212 casos de conflictos sociales, registrados en abril y mayo por la Defensoría del Pueblo,  cerca de 136 casos son de carácter socioambiental. Para el analista Escobar no es casual que la mayoría de conflictos sean de carácter socioambiental, ya que “cuando una empresa llega a un lugar  quiere contra viento y marea instalarse”.  Se prevé que esto disminuya con la aplicación de la  Ley de Consulta Previa a favor de pueblos indígenas.

Aunque existen sentencias que son emitidas por el Organismo de Fiscalización Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente (Minam), como una pena por delito de contaminación de hasta seis años de privación de la libertad o cárcel ,al igual que una multa de hasta 30.000 UIT en el caso de infracciones ambientales, las empresas siguen mostrándose reacias. Tal es así que más de 20 empresas mineras demandaron en julio a la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por imponer “multas excesivas”. 

Más y más recortes

Desde el año 2010, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental pasó a asumir la función de supervisor y fiscalizador ambiental del sector minero. No obstante, desde la aprobación de la Ley N° 30230, tal como lo denuncia la parlamentaria Verónika Mendoza “ este organismo se limitará a actividades correctivas y preventivas”. A esto hay que sumarle que lo recaudado en multas irá directamente al Tesoro Público.

El paquete de medidas también propone que el Ministerio de Energía y Minas, órgano encargado de aprobar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA),  cuente con un plazo de 30 días para la emisión de las opiniones vinculantes y no vinculantes necesarias para aprobar un EIA. Para Iván Lanegra, “emitir opiniones técnicas vinculantes sobre los EIAs  en menos de 30 días es –al menos–una invitación al error”.
 
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